Las personas físicas que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional, comprendiendo en todo caso:

• Las personas que tengan la condición de empleados públicos o trabajadores por cuenta ajena.
• Los autónomos.
• Los accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos.
• Cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.
• Las personas físicas que hayan obtenido información sobre infracciones en el contexto de una relación laboral o profesional, ya finalizada.
• Becarios.
• Trabajadores en periodos de formación con independencia de que perciban o no una remuneración.
• Trabajadores cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual.